Por: Rodrigo Egaña B.
Desde que se creó el Sistema de Alta Dirección Pública en el año 2003, éste ha estado sometido a variados análisis que reflejan diversas maneras de observar lo que se acordó políticamente en el momento de su creación (combinación de mérito con confianza), lo que cada cual esperaba de la puesta en marcha del Sistema, de los impactos que ha tenido, de sus carencias y de las expectativas que se tienen sobre su rol y su posible aporte a la modernización del estado.
Desde que se inició la discusión sobre la necesidad de perfeccionar la “gerencia pública” en los años del gobierno del Presidente Frei Ruiz-Tagle hasta ahora han pasado casi 15 años y la realidad del estado ha cambiado, así como las condiciones bajo las cuales se designaban los altos cargos de gobierno.
Al volverse al régimen democrático en el 1990, la conformación de los equipos de gobierno respondió básicamente a dos criterios; por una parte tener personeros que cumplieran con los requisitos profesionales y técnicos necesarios para desempeñar los diversos cargos y al mismo tiempo que tuvieran una afinidad con la Concertación de Partidos por la Democracia, facilitando tanto el fortalecimiento de la coalición misma como la coherencia en el trabajo directivo del gobierno.
Estos criterios si bien fueron muy relevantes en los primeros años de los gobiernos de la Concertación, no respondían plenamente a las exigencias que surgían de la necesidad de avanzar en la modernización del estado, que postulaba como una de las principales reformas la profesionalización de la dirección pública. Junto a lo anterior, se generaron diversas crisis – cuya máxima expresión se tuvo en el caso Mop – Gate - que llevaron a poner en el centro de la discusión la necesidad de crear un Sistema de Alta Dirección Pública.
Como parte de un gran acuerdo político por la modernización del estado logrado en enero del 2003, fue aprobada en mayo de ese año la ley N° 19.882 que creó el Sistema de Alta Dirección Pública (SADP) y el Consejo de
En este período ha aumentado la cantidad de servicios adscritos al sistema (111 servicios con 1024 cargos en la actualidad), varias otras nominaciones en el estado se están haciendo bajo el Sistema de ADP (45 organismos públicos no adscritos con 109 cargos), se ha concursado el 85% de los cargos vinculados al Sistema, se ha recibido 183.000 postulantes en todo el período en 1.675 concursos, la cantidad de postulantes promedio por concurso llega a 138 personas, un 30% de los nominados en cargos directivos son mujeres, y el 55% de los nombrados no era titular en el cargo. Los plazos de duración de los procesos de selección se han reducido de 116 días promedio en el
También ha aumentado la confianza en el SADP y en el CADP, lo que se demuestra por la cantidad de nuevas autoridades de entidades públicas que se nominan bajo el Sistema, como son los jueces y secretarios abogados de los Tribunales Tributarios y Aduaneros; los directores independientes de Codelco; los ministros de los nuevos Tribunales Ambientales; los miembros del Consejo Nacional de Educación; los Consejeros del Consejo de la Agencia de Calidad de la Educación; el Panel Técnico de Concesiones de Obras Públicas, el Panel de Expertos del Ministerio de Transportes; los Jefes DAEM, y la participación del CADP en la selección de Directores de Establecimientos Educacionales municipales, entre otros.
Queda aún mucho por avanzar para lograr una verdadera consolidación del SADP. Debemos aumentar la confianza política en el Sistema, para que pueda sortear de mejor manera los cambios de gobierno y de coalición; es necesario remover obstáculos que desincentivan las postulaciones, por ejemplo, mediante impedir que los ocupantes provisionales y transitorios de los cargos de Alta Dirección Pública puedan postular; se debería elevar la seguridad de que – ante buena evaluación – se puedan mantener los directivos ADP en sus cargos; en áreas en que las remuneraciones públicas sean definitivamente no competitivas (por ej. en el sector salud), será necesario elevarlas para tener mejores postulantes; es necesario completar la incorporación de servicios al sistema y ampliarlo al nivel regional como lo plantea el proyecto de ley que está en discusión en el parlamento; así mismo es necesario abrir una discusión sobre como instalar el SADP – con los debidos resguardos – en el sector municipal, y es necesario acortar aún más la duración de los procesos de selección
Junto a lo anterior especial atención deberán recibir los convenios de desempeño, tanto en su determinación, como en el seguimiento y evaluación; en esta materia el CADP debería tener un rol mucho más relevante, así como en el pronunciamiento sobre la remoción de cargos de segundo nivel, los que deberían recibir mayor seguridad de permanencia en el tiempo; también será necesario revisar el gobierno corporativo del SADP, parta darle mayores atribuciones al Consejo y entregarle mayor autonomía operacional.
Siendo una de las reformas del estado más relevantes que se hayan implantado en el país, el SADP debe ser cuidado para irlo mejorando. De nada sirven juicios apocalípticos sobre sus posibles fallas si es que no se trabaja por ampliar las bases políticas y sociales que le den sustento a su perfeccionamiento. Esto requiere mayor proactividad del mismo CADP y del Servicio Civil en difundir los logros alcanzados y en establecer conversaciones que ayuden a aumentar los consensos necesarios para viabilizar las reformas legales que formalizarán dichos perfeccionamientos.
Pero nunca deberemos dejar de reconocer que trabajar en el sector público requiere de genuina vocación de servicio público; no todos los profesionales la tienen ni todos deberían obligadamente llegar a tenerla. Es posible que personas muy talentosas no tengan interés en desempeñarse en el estado, eso es respetable y no debería dar motivo para formular quejas. Pero sí debemos asegurar que aquellos que estén interesados en trabajar en responsabilidades directivas del estado, tengan las competencias y habilidades necesarias para hacer de dicho desempeño una actividad que agregue valor a la tarea pública.
En definitiva, para que
Columna publicada en Diario Financiero 3 de febrero 2012
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