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    Lanzamiento mundial de la Norma ISO 26000 sobre responsabilidad social

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    dsc_0276Lanzamiento mundial de la Norma ISO 26000 sobre responsabilidad social

    Paula Fuenzalida

    Este primero de noviembre se lanzó oficialmente la Norma ISO 26000 sobre responsabilidad social, luego de cinco años de trabajo donde participaron representantes del mundo empresarial, organizaciones laborales, de los consumidores, y por supuesto, de los gobiernos, convocando a un total de 99 países. A nivel nacional el lanzamiento lo lideró el Instituto Nacional de Normalización INN quien, este 3 de noviembre, además, presentó la correspondiente norma chilena NCh-ISO 26000-2010.

    En Chile, quien ocupó el rol de experto para el gobierno en el Comité Espejo de la norma, fue la Superintendencia de Seguridad Social, que además coordinó al grupo de trabajo nacional compuesto por cerca de 20 organismos públicos, entre ellos, Chilecalidad, el Consejo Nacional de la producción Limpia, la Dirección del Trabajo y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

    Este es un hito que marca a lo menos dos asuntos relevantes para el ámbito público. Primero, existe un consenso sobre qué se entiende por Responsabilidad Social y cuáles son sus ámbitos de acción, lo que ayuda a terminar con las interpretaciones que lo relacionaban solamente a la filantropía y la caridad, y aquellas que han llevado a que las instituciones vinculen su desarrollo básicamente a las prácticas “verdes” o medioambientales y, segundo, deja de manifiesto que la “Responsabilidad Social” no es sólo una cosa del empresariado y las ONG´s, si no que los gobiernos también tienen un rol. Lo primero nos ayudará a comprender de mejor manera este fenómeno e implementarlo en una misma dirección al interior del Estado, y lo segundo ayuda a incorporar criterios de sustentabilidad a las operaciones propias del gobierno como organización ya que, como bien señala el concepto de esta ISO, debe estar integrada en toda la su estructura y practicarse en sus relaciones.

    Profundizando el último punto, el desafío de implementar esta norma al interior de las instituciones públicas será armonizar el desarrollo de sus distintos ámbitos: gobernanza organizacional, derechos humanos, prácticas laborales, medioambiente, prácticas justas de operación, asuntos de consumidores y participación activa y desarrollo de la comunidad, ya que, si bien tenemos prácticas que han significado un avance para la gobernabilidad y un ejemplo para el sector privado, como la ley de acceso a la información pública, el código de buenas prácticas laborales y el programa IGUALA, los Consejos de Sociedad Civil, el Programa País de Eficiencia Energética y el Consejo Nacional de Producción Limpia, por mencionar algunas iniciativas, aún tenemos algunas tareas pendientes que pueden hacer el proceso de integración de los diversos ámbitos mucho más lento, como por ejemplo, la falta de un mayor fortalecimiento a las Asociaciones de Funcionarios, como organizaciones de los trabajadores públicos y uno de los principales "clientes" internos y "stakeholder" a quien atender.

    La Norma ISO 26.000, al contrario del resto de las normas de la familia ISO, no es certificable, dado que la responsabilidad social es ante todo un acto voluntario y en este sentido no se debe esperar que el Congreso chileno redacte una ley de responsabilidad social, pero sí que crezca y se fortalezca la estructura que actualmente existe para trabajar estos temas a nivel de gobierno, es decir, el Comité de Responsabilidad Social del Sector Público y la Unidad de Responsabilidad Social de la Superintendencia de Seguridad Social, así como la revisión de lo que hasta ahora constituye el Plan de RS del Gobierno, el que tiene como objetivos trabajar en temas de Género y no discriminación; Erradicación del trabajo infantil; Salud y seguridad en el trabajo; Negociación Colectiva y Diálogo Social; y que define como relaciones claves el fomentar el clima laboral positivo y saludable y el diálogo público-privado. Junto a la revisión del Plan se deberá trabajar fuertemente en su difusión, ver la manera de comprometer a las instituciones públicas a cumplirlas, por ejemplo, a través de incentivos, y ver la manera de reportar el “no- avance” de sus actividades, con el fin de dar una cuenta pública transparente y ética en estas materias.

    Una proyección de lo que significará implementar Planes de Responsabilidad Social al interior de las instituciones públicas es considerar que los servicios que más avancen en estas materias naturalmente tenderán a realizar “Reportes de Sustentabilidad”, posiblemente bajo el GRI G3 del Global Reporting Initiative, que es el principal estándar internacional de elaboración de este tipo de memorias, y a adherir a Pacto Global, que es una organización nacida bajo el alero de Naciones Unidas, que invita a adoptar diez principios universales relacionados con los derechos humanos, las normas laborales, el medio ambiente y anticorrupción.

    Lo anterior es un camino inevitable al que deberemos sumarnos. Para ello contamos con una red de apoyo internacional que ya ha considerado este tema como parte fundamental en su agenda, tal es el caso de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de la cual somos miembros y que busca, a través de una línea de trabajo definida, un medio ambiente más sano y disminuir la contaminación, entre otros asuntos. En el mismo sentido trabajan la Organización Internacional para el Trabajo (OIT) con su programa de Trabajo Decente, la Organización de Estados Americanos (OEA) al apoyar las buenas prácticas en materia de responsabilidad social, y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), que busca acompañar este proceso generando un diálogo entre la ciudadanía, las organizaciones y las políticas públicas.

    Estas organizaciones internacionales, y también las grandes empresas transnacionales, así como otros actores, han entendido que es un imperativo hacerse parte del desarrollo sustentable. La ISO 26000 ha venido a confirmar esta tendencia y se convierte en una invitación para que distintos tipos de organizaciones se sumen mediante la aplicación de una guía amigable, completa, clara y con ejemplos concretos para replicar. La Universidad y, en especial, quienes nos interesamos por los asuntos públicos, tenemos el deber de generar metodologías y capacidades profesionales para que nuestros egresados que decidan dedicarse a la vida pública puedan contar con las herramientas para apoyar este proceso de diseño e implementación de políticas públicas y estrategias institucionales sustentables.

     

    Paula Fuenzalida es Magíster en Ciencia Política


     

     

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