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               Oscar Landerretche Gacitúa.

     

    El debate nacional generado por la movilización de los estudiantes ha tendido a simplificar ciertos aspectos conceptuales. En parte, por una necesidad propia de cualquier movimiento masivo, que busca desplegar el máximo de apoyo ciudadano sobre la base de ideas fuerza fáciles de comprender y fáciles de apoyar.

    En un foro académico realizado en la Universidad de Chile, en el marco de los debates generados por la movilización estudiantil, el Profesor Fernando Atria (autor de “Mercado y ciudadanía en la Educación”) defendió la tesis de que la educación “pública” no está conformada por los establecimientos de propiedad estatal – como sugieren los estudiantes – o por los establecimientos de propiedad estatal o particular que reciben subvenciones del Estado – como lo sugiere el Gobierno -sino por aquellos que no seleccionan a los postulantes y, por lo tanto, no excluyen a nadie.

    Por cierto, ello implica que, si hay exceso de postulantes, deberían sortearse los cupos. Claro, esto puede ser ineficiente si no se le da preferencia a los que viven en el área en la que se ubica el colegio, lo cual reduce los tiempos de viaje y la congestión en los medios de transporte, pero puede ser un mecanismo muy eficiente para contrarrestar, efectivamente, las fuerzas segregadoras, separadoras y reproductoras de la desigualdad.

    Darle preferencia a los que viven más cerca del establecimiento en cuestión, genera, implícitamente, ciertos niveles de segregación importantes especialmente en algunas ciudades de nuestro país que tienden a ser, en la actualidad, bastante segregados desde el punto de vista económico y social.

    La educación pública que no selecciona, ni excluye, ni discrimina a los estudiantes, ni a través de exámenes u otros dispositivos de selección, ni a través de cuotas de incorporación o mensualidades costosas (incluido el financiamiento compartido u otros dispositivos de exclusión) sería, entonces, pública porque cumpliría con la función de asegurar un derecho universal y porque formaría ciudadanos en un ambiente de integración. Por cierto, tal educación sólo puede ser gratuita en un país con tan profundas desigualdades económicas y sociales – en esto tienen plena razón los estudiantes – aunque bastaría con que lo fuera para todos los que no pueden asumir privadamente los costos, siempre y cuando ello no implicara diferenciación alguna respecto a los demás estudiantes.

    Es muy difícil contar con un sistema educacional integrado en ciudades radicalmente segregadas. Sin embargo, este no es un motivo para que se continúe profundizando la segregación a través de mecanismos como los que se utilizan para seleccionar postulantes o dispositivos económicos que excluyen a los que tienen menos ingresos, como el financiamiento compartido.

    Los establecimientos estatales “de excelencia” no serían otra cosa que establecimientos que utilizan un mecanismo de exclusión basado en las capacidades o el esfuerzo de los postulantes. En cambio, los colegios particulares pagados utilizan una combinación de mecanismos de selección, siendo el factor de exclusión básico (pero no único) el alto costo de las cuotas de incorporación y de las mensualidades. No es lo mismo educación particular que educación privada. Si un colegio cuyos propietarios son particulares no discrimina ni selecciona a los postulantes, lo cual implica necesariamente gratuidad pero no sólo eso, podemos estar en presencia de un establecimiento público que no es estatal, sino particular.

    El lucro, es decir, la utilización de la actividad educativa como una fuente de ganancias que se acumulan e incrementan el capital inicial, podría considerarse inaceptable en la educación pública (gratuita por ser subvencionada y no selectiva) porque tendería, sistemáticamente, a reducir su calidad sobre la base de comprimir al máximo los costos (entre otras cosas, proveyendo condiciones materiales insuficientes tanto a los estudiantes como a los profesores). Ello no ocurriría en el caso de los colegios particulares pagados con cuotas de incorporación y mensualidades más altas, en los cuales se pueden compatibilizar lucro y niveles mínimos de calidad. Pero esto es válido sólo para un 8% de los escolares, es decir para los niños y niñas pertenecientes al decil más alto de la distribución del ingreso. No es el tema relevante en la discusión actual.

    ¿Qué queremos? ¿Una educación pública de calidad, no segregadora, independientemente de que los establecimientos sean estatales o particulares? ¿Una educación predominantemente estatal de calidad? ¿De qué tipo? ¿Una educación mixta pública y privada -de calidad. pero segregadora y selectiva (con establecimientos de “excelencia”)? ¿Una educación pública, no selectiva ni segregadora, pero predominantemente particular? ¿Una educación crecientemente privatizada, segregadora, selectiva y con una presencia importante del lucro, como la que se ha venido desarrollando en nuestro país a lo largo de las últimas décadas?

     

    Bueno, el debate ha comenzado, para bien de Chile.

     

    Oscar Landerretche Gacitúa Ph.D. Universidad de Oxford,

     

    PUBLICADO EN EL DIARIO “EL CENTRO” DE TALCA, EL 11.09.11

     

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