Este miércoles 26 de agosto, el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) del INAP presentó el informe Condiciones de vida en los centros de privación de libertad en Chile, en un encuentro que reunió a expertos en la materia para discutir los resultados.
La Directora del CESC, Olga Espinoza, dio la bienvenida reflexionando sobre algunos desafíos que el diagnóstico realizado supone respecto de la actividad penitenciaria. "Hay una serie de instancias que deberían ser parte de nuestra institucionalidad. Por ejemplo, los tribunales de ejecución penal y los mecanismos de prevención de la tortura. Todo ello supone la necesidad de concebir una política pública penitenciaria que no se restrinja a los cuatro años del gobierno de turno", afirmó.
El estudio contenido en el informe es de tipo cuantitativo y se aplicó durante 2013 en seis países de América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Perú, El Salvador y México, en el marco de la generación de datos para el Informe de Desarrollo Humano 2014 del PNUD. El instrumento de medición se aplicó en más de 50 penales de los seis países, y participaron 4.785 personas condenadas.
Presentaron los resultados Diego Piñol y Mauricio Sánchez, investigadores del CESC y coautores del informe. A continuación, realizaron comentarios el Jefe de Gabinete del Director Nacional de Gendarmería, José Maldonado; el Jefe Regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos de la región de Valparaíso, Fernando Martínez; y el miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) y punto local SPT para Chile, Roberto Feher.
Según el informe, en las cárceles chilenas hay un 22,2% de sobreocupación, cifra menor que las que presentan Brasil México y El Salvador. Un 25,6% de los encuestados de Chile declaró haber sido golpeado al interior del penal. Ante la pregunta "¿Quién lo ha golpeado?", un 66% señaló que el personal penitenciario, un 32,2% se refirió a otros internos y un 1,4% indicó a las policías.
En materia de salud, si bien de acuerdo a lo declarado por los encuestados hay un alto nivel de acceso a atención médica y medicamentos, también es elevada la percepción de la calidad de la atención como "deficiente" en el trato (34% en el caso de los hombres, y 48% en el de las mujeres). Asimismo, se detectó la inexistencia de procedimientos universales de diagnóstico de enfermedades graves o de alto contagio.
Respecto del contacto de los internos con sus familiares, se indica un acceso restringido al teléfono público (30%), y un elevado nivel de acceso a teléfonos celulares (24%) pese a que no está permitido utilizarlos en los centros de privación de libertad. Un 89,6% de los reclusos recibe visitas, pero un 55% desaprueba el trato que reciben sus familiares en esas instancias.
