A pesar de una crisis de confianza en la política agudizada por los escándalos sobre el financiamiento ilegal de campañas y el Caso Caval, el gobierno ha logrado importantes avances en su agenda de reformas estructurales. La Presidenta Bachelet inició su gobierno con un 58% de apoyo y el mayor margen electoral desde el retorno a la democracia (aunque con una altísima abstención).
La Concertación de Partidos por la Democracia, derrotada el 2010 al término de su primer período y tras 20 años en el poder, se convirtió en la Nueva Mayoría al incorporar al Partido Comunista.
El programa de gobierno reflejó un giro a la izquierda respecto del primer periodo de Bachelet, y un intento de corregir los asuntos pendientes de una transición que ha sido criticada por asumir demasiados rasgos del modelo impuesto por la dictadura. Este programa incluía la reforma tributaria para financiar la gratuidad en un sistema hasta ahora altamente mercantilizado de educación superior, idea que nació de las masivas movilizaciones estudiantiles de 2011. Otra propuesta fue reemplazar la Constitución dictatorial de 1980 a través de un procedimiento "institucional, democrático y participativo".
Los escándalos han dañado la popularidad de la Presidenta. Mientras su primer mandato terminó con un 80% de apoyo el 2010, hoy se encuentra en un piso histórico por debajo del 30%. También han afectado la legitimidad de los partidos políticos y alimentado la protesta social. El freno al crecimiento de la economía a raíz de la caída del precio del cobre ha contribuido también a la baja adhesión. Pero el gobierno ha anotado importantes victorias. Además de aprobar las reformas tributaria y educacional, ha conseguido otros avances en su programa político.
El 2015, un sistema electoral proporcional reemplazó al binominal, que distorsionaba fuertemente la voluntad popular en las elecciones parlamentarias y otorgaba poder de veto en el Congreso a los herederos políticos de la dictadura.
Los escándalos sobre financiamiento de campañas (SQM, Penta y otros) contribuyeron indirectamente a lograr los acuerdos necesarios para avanzar en la Agenda de Probidad y hacia una mayor transparencia. Se prohibió la donación de empresas a campañas políticas y se establecieron nuevas regulaciones a los partidos políticos.
El proyecto para hacer del Intendente Regional una autoridad electa y no designada por el Presidente, un avance significativo en materia de descentralización, fue aprobado en el Senado.
La despenalización del aborto terapéutico, hoy criminalizado en solo cinco países, pasó la Cámara de Diputados.
El Congreso se encuentra en la fase final de aprobación de la reforma laboral, orientada a mejorar las condiciones de negociación de los trabajadores frente a sus empleadores.
El año pasado se inició un complejo proceso de cambio constitucional y en abril 2016 el gobierno seleccionó a los 216 facilitadores que apoyarán la realización de encuentros locales, provinciales y regionales para discutir principios, derechos, deberes e instituciones constitucionales. El proceso, el primero de esta índole que se desarrolla en la historia de Chile, sentará las bases de un proyecto presidencial que será presentado al Congreso.
El camino no se ve fácil para la Presidenta y sus partidarios. El clima político es pesimista y los problemas económicos de China sugieren que se acabó la burbuja de las materias primas, en perjuicio de la economía chilena.
Mientras los sectores conservadores rechazan la agenda de reformas del gobierno, los cambios parecen insuficientes para quienes esperan una transformación más radical. La reforma laboral ha sido criticada por sectores sindicales por no permitir de manera suficiente la negociación colectiva, y las propuestas de cambio constitucional no satisfacen la demanda de un proceso participativo vinculante como podrían ser un plebiscito o una Asamblea Constituyente.
El gobierno, sin embargo, ha sabido aprovechar los escándalos para convertir la indignación ciudadana en reformas constructivas de la Agenda de Probidad. Bachelet corrió el cerco, cambió la percepción de lo que es posible en términos de reforma política y social.
Si bien la opinión pública es hoy muy dura con el gobierno, así como con toda la élite política, este segundo periodo de Bachelet tal vez la consolide, en el largo plazo, como una Presidenta que fue capaz de llevar adelante importantes reformas políticas en medio de la adversidad.
Claudia Heiss es académica del INAP.
Columna publicada en Blogs de Cooperativa.cl el 26 de abril de 2016. La versión original de esta columna, en inglés, fue publicada en Aula Blog, del Center for Latin American and Latino Studies, American University.
Las opiniones vertidas en esta columna son de responsabilidad de su(s) autor(es) y no necesariamente representan al Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.
