El Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) del Instituto de Asuntos Públicos realizó un programa de capacitación especial para el personal técnico y directivo del sistema penitenciario panameño, del 28 de marzo al 2 de abril, en Ciudad de Panamá.
El programa fue implementado por un equipo multidisciplinario del CESC y buscó a instalar las competencias básicas para aplicar instrumentos de diagnóstico y desarrollar una nueva forma de planificar el proceso de reinserción social de las personas privadas de libertad. El objetivo de la visita fue generar las condiciones que permitan implementar un plan piloto, capaz de introducir y familiarizar a los profesionales de las Juntas Técnicas y al personal vinculado, con una nueva modalidad estructurada de trabajo, orientada por los principios de la intervención penal efectiva basada en la evidencia.
Según Olga Espinoza, Directora del CESC, la relevancia de esta instancia radica en reconocer a la reinserción social como un elemento clave de la reestructuración de los sistemas penitenciarios. "Con ello buscamos generar políticas que respondan de manera efectiva a la integración de personas en conflicto con el sistema penal, disminuyan la reincidencia delictiva, reduzcan la sobrepoblación penal y promuevan así mejores condiciones para el respeto de los derechos humanos en el contexto carcelario", explicó la investigadora.
La actividad se realizó en el marco del proyecto Fortalecimiento de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) y de la Academia de Formación Penitenciaria (AFP) de Panamá, cuya ejecución está a cargo del CESC desde noviembre de 2014. El proyecto, que es promovido por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para Centro América y el Caribe (UNODC), tiene como objetivo apoyar la modernización de la Dirección General del Sistema Penitenciario y fortalecer la Academia de Formación Penitenciaria, para mejorar la situación de los privados de libertad y facilitar su reinserción social, según las buenas prácticas y los estándares internacionales de derechos humanos.
El sistema penitenciario de Panamá está bajo la coordinación del Ministerio de Gobierno (Mingob). De él dependen la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), encargada del sistema de cumplimiento penal de adultos y el Instituto de Estudios Interdisciplinarios (IEI), ocupado de la ejecución penal adolescente. A diciembre del año 2014, el sistema albergaba un total de 15.690 personas privadas de libertad -en total el país tiene 3,6 millones de habitantes- y las estadísticas oficiales de los últimos años muestran que el tamaño de la población encarcelada ha venido permanentemente en aumento. Panamá posee un total de 24 establecimientos penales, de los cuales cinco están destinados a la reclusión exclusiva de mujeres, mientras que los restantes albergan población masculina.
