Las FF.AA. enfrentan nuevas realidades que urgen superar una época caracterizada por su autonomía corporativa frente al Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial y la sociedad en su conjunto.
El Estatuto de Garantías Constitucionales y el Capítulo XI de la actual Constitución incluyeron equivocadamente a las Fuerzas Armadas en la Carta Fundamental como poder del Estado, y a la seguridad nacional legitimando sus roles no militares en la sociedad. El apoyo a instituciones civiles en momentos de desastres naturales y el "profesionalismo militar participativo", incluido en la Ordenanza General del Ejército en 2006, se han constituido en argumentos para extender sus roles más allá de sus tareas profesionales.
Las limitadas atribuciones del Congreso para controlar el desempeño, financiamiento y gasto de las FF.AA., así como una justicia militar con amplia jurisdicción para juzgar militares en tiempos de paz, las aísla de los controles institucionales a los que se deben en un Estado democrático.
Las relaciones entre FF.AA. y sociedad, estructuradas en torno al Servicio Militar Obligatorio, el Servicio Militar del Trabajo y los elitistas cursos de aspirantes a oficiales de Reserva, no han logrado involucrar a los ciudadanos en la política de Defensa, la que sigue siendo opaca ante la opinión pública.
Los hechos de corrupción de oficiales en servicio activo y en retiro, y el deficiente manejo de los recursos fiscales destinados a las FF.AA. -que las ha llevado a contratar una auditoría internacional-, muestran los resultados negativos de esta autonomía. Producto de esto ha disminuido su legitimidad ciudadana, tal como se ha apreciado en sondeos de opinión pública.
Sus sistemas de previsión y salud, muy superiores a los proporcionados por el Estado a la población civil, los mantiene alejados de la difícil cotidianidad ciudadana y han sido objeto de infructuosos intentos de modificación por diversos gobiernos.
La carrera militar continúa estructurada de acuerdo a cánones formulados hace décadas. Se hace necesaria una revisión del tiempo de permanencia en la carrera, la estructuración de un sistema potenciado en torno al soldado profesional y un servicio militar no obligatorio.
Las instituciones armadas deberían adecuarse a los nuevos principios instalados en el país respecto de la plena integración de la mujer, la diversidad sexual, étnica y de personas con capacidades diferentes. En este campo, el ingreso a las escuelas matrices enfrenta su necesaria adecuación a la gratuidad en los estudios de educación superior, lo que exigiría revisar bajo el principio de la no discriminación los sistemas de admisión a sus institutos.
Existe amplio acuerdo en la eliminación de la Ley del Cobre y en la instauración de un moderno sistema de financiamiento de la Defensa. Sería necesario un nuevo sistema de adquisición de armas en un marco institucional en que prime lo conjunto, lo que el Ministerio de Defensa ha estado trabajando. Se requiere una revisión del funcionamiento de las industrias de armamentos, modernizando sus gobiernos corporativos. Esto demandaría una reforma al Estado Mayor Conjunto, constituyéndolo en mando institucional superior en tiempo de paz y guerra, asegurando lo conjunto de manera efectiva. Las operaciones de paz deberían ser parte de sus tareas regulares.
Estas nuevas realidades y desafíos requieren que la supremacía civil se exprese en un mando político con capacidad suficiente para llevar a cabo estas imprescindibles tareas. Piedra angular debe ser el fortalecimiento de las capacidades del Ministerio de Defensa. Si bien este ha sido objeto de reformas, se necesita una revisión de sus funciones y la existencia de una carrera funcionaria civil de alto nivel. Se requiere la revisión de las funciones de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (Anepe), para ponerla a nivel de los centros equivalentes a nivel internacional como formadora de generaciones de civiles en Defensa.
El Estado democrático chileno del siglo XXI necesita de una Defensa eficiente que coadyuve en el posicionamiento internacional del país con unas FF.AA. profesionales, modernas, no deliberantes, subordinadas, jerárquicas y disciplinadas.
Su actual inserción en el Estado y la sociedad las mantiene en una condición subóptima. Su cierre corporativo les impide insertarse eficientemente en el Chile del mañana. Es preciso preparar a las FF.AA. para una nueva etapa.
Columna publicada en El Mercurio el día lunes 2 de enero de 2017.
Felipe Agüero es académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Claudio Fuentes es académico de la Universidad Diego Portales. Augusto Varas es Presidente de la Fundación Equitas.
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