Hoy se darán a conocer las bases ciudadanas para una nueva Constitución, fruto de la llamada "etapa participativa" del proceso de cambio constitucional anunciado por el gobierno. Hoy no podemos decir a ciencia cierta que se haya iniciado en Chile un proceso constituyente. Sólo el curso futuro de los hechos determinará la forma en que evaluemos lo que ha ocurrido en el país estos meses. Eso no significa, sin embargo, que el enorme esfuerzo desplegado tanto desde la ciudadanía como desde las autoridades por desarrollar un diálogo semiestructurado en torno al problema constitucional carezca de relevancia.
Miles de personas se reunieron durante muchas horas a discutir sobre los principios y valores, derechos y deberes e instituciones que a su juicio deberían quedar plasmados en una carta fundamental que refleje lo que es hoy nuestra comunidad política. Las bases ciudadanas deberían constituir un reflejo de ese enorme esfuerzo y un instrumento para garantizar que futuras decisiones en torno al debate constitucional se hagan cargo de los principales contenidos de este inédito debate ciudadano.
Los datos preliminares que se han conocido de los encuentros locales autoconvocados y cabildos provinciales y regionales indican una tendencia a demandar, como elementos fundamentales de una nueva Constitución, la protección del medio ambiente, mecanismos de participación política directa, protección social en vivienda, salud, educación y pensiones, una desconcentración del poder tanto en términos territoriales (descentralización) como institucionales (revisión de las atribuciones presidenciales) y el reconocimiento de los pueblos originarios, entre otras. Todas estas dimensiones contrastan con las disposiciones de la actual Constitución y dan testimonio, una vez más, de la distancia que existe entre la sociedad y sus instituciones.
Es importante valorar las dimensiones participativa y deliberativa que queden plasmadas en este documento. Pero ¿qué podemos pedirles a estas bases ciudadanas? Ciertamente ni que cierren la participación social en el debate constitucional ni que reemplacen una deliberación constitucional representativa de las preferencias políticas y ciudadanas para una nueva Constitución. Más bien, las bases ciudadanas servirán para constatar la dimensión y dirección de la demanda por una nueva carta fundamental que haga posible el proceso político democrático, algo que la Constitución de 1980 no puede hacer tanto por su ilegitimidad de origen como por los vetos institucionales que impone.
Será ahora tarea de la sociedad civil, los partidos políticos y los movimientos sociales recoger estas demandas y velar por que queden reflejadas en una instancia constituyente verdaderamente representativa. A mi juicio, la mejor instancia para asegurar participación, deliberación y representación en un proceso constituyente sería una asamblea diseñada para la tarea específica de elaborar un texto constitucional. Es de esperar que estos actores recojan la demanda por un cambio fundamental de nuestro sistema político y la lleven a cabo en un marco de amplia participación social.
Columna publicada en El Mostrador el 16 de enero de 2017.
Claudia Heiss es académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.
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