Las propuestas en materia policial del Presidente electo, Sebastián Piñera, están enfocadas en la modernización administrativa y operativa de las policías. En aparente relación al fraude en Carabineros, propone establecer una auditoría financiera externa para las policías y radicar las funciones administrativas en personal civil especializado. Luego de que se dieran a conocer los aspectos más dudosos de la llamada Operación Huracán, los pronunciamientos de las autoridades del futuro gobierno han sido bastante generales.
Sin embargo, el fraude en Carabineros y los efectos de la Operación Huracán reclaman cambios sustantivos y profundos en Carabineros y probablemente en ambas policías. A mi juicio, la variedad de las propuestas que se pueden leer en la prensa indican que existe una definición poco clara respecto del problema central a abordar.
Es sabido que las policías son instituciones que están constantemente sometidas al riesgo de la corrupción. Reportes de corrupción o abuso policial se han dado a conocer hace algunos años en Gran Bretaña. La Policía de Los Ángeles estuvo sometida a intervención por parte de la Justicia Federal a comienzos de los 2000, y escándalos similares también han afectado a la Policía de Nueva York desde los años 70.
Al respecto, buena parte de los estudios existentes demuestran tres ideas fundamentales: primero, la reducción de los delitos violentos requiere de policías íntegros. Segundo, cualquier esfuerzo para reforzar el control sobre las malas conductas de la policía requiere de cambios culturales relevantes. Por último, la manifestación de conductas no éticas obedece normalmente a debilidades institucionales.
El común denominador del fraude en Carabineros y de la operación Huracán es que aparentemente se trataría de casos de conducta policial indebida. Integrantes de la institución actuaron en contra de los valores y normas profesionales que corresponden a la policía en una sociedad democrática. Por ello deben fortalecerse los niveles de integridad de las policías. Corresponde crear un sistema de supervisión permanente de ellas dirigido a contar con instituciones cada vez más íntegras.
Para esto, se debe fortalecer el control interno de la corrupción mediante una unidad de asuntos internos con mayor presupuesto, personal y atribuciones que pueda actuar ante denuncias, pero también proactivamente respecto de los integrantes de unidades sensibles a la corrupción administrativa u operativa. La unidad debe tener atribuciones legales para realizar exámenes de confianza, hacer seguimiento de transacciones comerciales y similares. Dicha unidad podría operar bajo el General Director, para que éste asuma responsabilidad por su funcionamiento efectivo
Otro aspecto central es la supervisión del desempeño policial. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública puede solicitar informes y evaluaciones a la policía, así como mantener información relevante respecto de su actuar. Sin embargo, medir el desempeño no es fácil, pues las policías cumplen múltiples tareas y las mediciones se realizan con base en información que produce el propio cuerpo policial. Por eso, es imprescindible que el Ministerio del Interior constituya una unidad profesional permanente y de alto nivel técnico que realice la supervisión respectiva en base a indicadores y metas conocidas y contando con pleno acceso a la información policial. Estos deben ser integrados a la planificación de la policía. Unidades parecidas deberían hacer su propio trabajo a nivel de gobiernos regionales.
Las medidas administrativas o de control contable, como las que sugiere el Presidente electo, no son suficientes para que Carabineros recupere el prestigio perdido. En los países democráticos la credibilidad de las policías depende mucho de la confianza que inspira la seriedad del sistema que las supervisa.
Columna publicada en La Tercera el 3 de marzo de 2018.
Hugo Frühling es el Director del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.
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