Con la participación de académicos, investigadores y profesionales dedicados a temas de la niñez y adolescencia, este jueves 30 de mayo se realizó el seminario La política de las políticas de infancia, organizado por el Instituto de Asuntos Públicos (INAO) de la Universidad de Chile y la Asociación Chilena de Ciencia Política (ACCP).
La actividad constituyó la primera sesión del Grupo de Estudio de las Políticas Públicas de la ACCP, coordinado por los profesores Antoine Maillet, del INAP, y Cecilia Osorio, de la Universidad Alberto Hurtado, y contó con las exposiciones de Gabriel Guzmán, Coordinador Ejecutivo del Observatorio para la Confianza, y Ana Farías, Directora de la carrera de Administración Pública de la Universidad Alberto Hurtado.
Moderaron el encuentro el académico del INAP Antoine Maillet y la también profesora del Instituto y Directora de la ACCP Mireya Dávila, quienes dieron cuenta de la agenda de trabajo del grupo y destacaron la importancia de analizar las políticas públicas no sólo desde el punto de vista técnico, sino también desde una perspectiva política.
Comenzó la sesión Gabriel Guzmán, del Observatorio para la Confianza, con la ponencia "Fronteras entre la gestión pública y la intervención social: una mirada de cuatro programas de infancia en Chile".
En su exposición, Guzmán compartió sus hallazgos sobre ciertos factores relevantes que pueden incidir en el desempeño de los programas de infancia. En la gestión del entorno de ellos, un problema clave, según explicó, es la rotación laboral y la pérdida de las redes que se crean alrededor de las personas.
"Un programa del Sename, por ejemplo, necesita vincularse con su entorno, con servicios de salud, escuelas, etcétera. Esto requiere marcos de confianza. Cuando una persona se va, esa confianza se pierde", señaló.
A ello se suma la inversión de tiempo que requiere volver a enseñar y explicar las características de cada institución a nuevos funcionarios; por ello, Guzmán aseguró que se requiere "una gestión de red" en los programas analizados.
En el ámbito de las tecnologías de información y comunicaciones, otro elemento problemático es el acceso a los datos para que sean compartidos entre instituciones. El proyecto del Banco Unificado de Datos, iniciativa creada por el Gobierno en 2012 y que permitiría aunar las informaciones de organismos como el Sename, el Ministerio Público, Carabineros, la Polícía de Investigaciones, entre otros ligados a la seguridad pública, no ha logrado materializarse correctamente por la negativa a abrir los accesos necesarios por parte de estas instituciones.
"El problema no es la posibilidad de crear la conexión de los datos, sino la resistencia a entregar la información. Necesitamos también información de salud, educación, gestión policial y la resistencia es muy grande", dijo Gabriel Guzmán.
Luego, Ana María Farías, de la Universidad Alberto Hurtado, presentó "Niñez en el limbo: entre discurso de la protección integral y prácticas de asistencialidad".
Farías analizó la trayectoria institucional de las políticas de infancia en Chile, y que forman parte de las políticas sociales que han tenido reformas entre 2000 y 2014, como ha sucedido también en salud, educación y pensiones. Programas como el Auge y Chile Crece Contigo serían ejemplos de lo ocurrido en este período, y la explicación de su ocurrencia estaría en el trabajo de profesionales en esos gobiernos.
"Estas reformas se explican por una creciente capacidad estatal, una burocracia eficiente, experiencia acumulada con la continuidad de equipos técnicos y la elaboración de instrumentos sofisticados para seleccionar a las poblaciones beneficiarias", planteó.
Los actores políticos, en cambio, no habrían jugado un rol determinante: "No aparecen en la investigación los partidos de izquierda ni las organizaciones sindicales como un actor relevante en estas reformas", agregó.
Según el análisis de la académica, hubo falta de voluntad política para incluir a la infancia en las políticas de protección social. "Hubo una ventana de oportunidad importante para que los niños del Sename fueran incluidos en el Chile Crece Contigo, pero eso no fue aceptado por las autoridades de gobierno. No ha habido voluntad política para desjudicializar el Sename", aseguró.
Durante el segundo semestre de 2019 se realizarán nuevas sesiones del Grupo de Estudio de las Políticas Públicas de la ACCP.
