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Ventana académica

Por Hugo Frühling

Crimen organizado en Chile. Un desafío para el Estado y la academia

Hugo Frühling, Director del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.

Hugo Frühling, Director del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.

La reciente cobertura por parte de los medios del traslado del féretro de un joven asesinado acompañado de deudos armados efectuando disparos al aire y resguardados por carabineros constituye sólo una expresión del importante rol que ha tenido el periodismo en develar el impacto del crimen organizado en vivencias cotidianas y en el funcionamiento del Estado en Chile.

Reportajes de CIPER han puesto en evidencia el crecimiento de redes de narcotráfico constituidas como organizaciones sofisticadas y compartimentadas[1] que distribuyen droga hacia Europa y Australia, pero también hacia un creciente mercado de consumo interno. Dichas redes están dedicadas fundamentalmente al mercado de estupefacientes (principalmente cocaína), pero por razones de seguridad incursionan en el mercado negro de armas y emplean un número de personas que funcionan como transportadores, almacenadores, dealers y guardias de un aceitado sistema de negocios que se encuentra fuera de la ley[2].

En el 2012 el mismo CIPER indicaba que al menos 80 poblaciones de nuestra capital sufrían de la presencia del narcotráfico y del abandono del Estado. Sus habitantes, desprovistos de servicios sociales, abandonados por las fuerzas de orden público vivirían en el temor por la creciente violencia de bandas rivales que luchan entre sí por el control territorial del mercado. Jóvenes menores de edad cumplirían el rol de soldados de los grupos encargados de la distribución, y su incorporación sería sólo la punta del iceberg de un proceso de cooptación o amedrentamiento de los vecinos destinado a asegurar que no serán denunciados.

La prensa también ha informado en detalle cómo los condenados por delitos de narcotráfico obtenían condiciones especiales en los penales sobornando a funcionarios de Gendarmería y organizaban operaciones de narcotráfico tanto al interior como hacia el exterior de los penales[3]. El soborno de policías y de algunos funcionarios de aduanas también ha sido destacado en diversos artículos[4].

El narcotráfico constituye, por cierto, el factor principal en el incremento de activos ilícitos en Chile[5]. Pero no es la única manifestación de crimen organizado en el país. También existe un mercado importante de bienes y repuestos robados, venta de la carga de camiones asaltados, inscripción y venta fraudulenta de vehículos obtenidos en portonazos, contrabando de cigarrillos, etc.

Paradojalmente, el incremento de los ingresos en nuestro país crea las condiciones adecuadas para la expansión de los mercados ilícitos. Marcelo Bergman, en un libro reciente, se refiere al incremento del delito y la violencia en América Latina, poniendo el dedo en la llaga en una explicación robusta: el crecimiento económico de la región, como consecuencia del ciclo de las commodities, ha traído consigo la difusión y multiplicación de las oportunidades para la economía del crimen, estimulando la demanda por bienes obtenidos mediante el delito[6]. Por supuesto que existen factores concomitantes: la debilidad de las instituciones del sistema de justicia penal y la disponibilidad de personas acicateadas por la pobreza, que son reclutadas y que se unen a la cadena de valor de las empresas criminales.

Un informe de Insight Crime indica que el narcotráfico está subiendo en nuestro país y que el descubrimiento de laboratorios de procesamiento de drogas indica que el papel del país en el comercio de drogas podría estar aumentando[7].

Naturalmente que existen condiciones que favorecen a nuestro país en relación con los vecinos. El Estado posee penetración significativa en el territorio nacional. Un eslabón importante de la cadena de negocios criminal se encuentra en las poblaciones. Una encuesta realizada junto a otros colegas en una muestra representativa de barrios de bajos ingresos del Gran Santiago, en el marco de un estudio sobre violencia urbana en Sudamérica, arroja que más del 60% de los consultados aprueba como normal o buena la acción policial en sus vecindarios. Un 91% sostiene acceder al menos a algunos servicios públicos en sus barrios. Pero la misma encuesta revela las desigualdades presentes en la ciudad. Sólo el 20% declara que la policía ha mostrado interés en los problemas de sus barrios. Sólo el 15% sostiene que la policía se reúne regularmente con las organizaciones locales. El 36% cree que, en caso de necesitarlo, las ambulancias acudirían a su sector, el resto lo duda.

Por otra parte, las intervenciones realizadas en barrios vulnerables en los últimos quince años han adolecido de significativas falencias pues se realizan en un marco institucional precario. Los municipios participantes carecen de atribuciones y recursos permanentes y falta una convicción sostenida de su relevancia[8].

El elaborado esfuerzo del gobierno por crear un protocolo interinstitucional para responder ante los narcofunerales, unido al anuncio por parte del Ministro del Interior de una nueva ley contra el amedrentamiento ciudadano, parece expresar las debilidades institucionales a resolver. Cualquier observador instruido se preguntaría por qué resulta necesario llegar a la principal autoridad del orden público para responder ante situaciones de ocurrencia frecuente desde hace más de dos décadas y que son un desafío para el Estado de Derecho. Si esto ocurre ante hechos tan notorios, cabe preguntarse por los niveles de pasividad que pueden estar ocurriendo frente a hechos menos evidentes. En 2001, el Subsecretario de Interior Jorge Correa dio inicio al Programa Barrio Seguro, ante la evidencia del control del espacio público de las poblaciones por parte de narcotraficantes que hacían ostentación de sus armas. Casi dos décadas después debemos constatar que sigue ocurriendo lo mismo.

Así como debe celebrarse el rol del periodismo investigativo en la descripción del fenómeno del crimen organizado, debe lamentarse la casi total ausencia de la academia en el análisis riguroso del fenómeno y sus evidentes conexiones con la inseguridad existente en el país. Se trata de temas que requieren análisis de largo plazo y de la producción de conocimiento riguroso. Hoy se encuentran totalmente ausentes de los currículos universitarios y atraen a muy pocos investigadores. El narcotráfico ha afectado fundamentalmente la cultura política de los vecindarios urbanos y puede afectar de manera importante nuestra democracia. La razón es simple: Las oportunidades del lucro se potencian creando mecanismos de colaboración con quienes están en posición de autoridad. Ante ello, seguimos dependiendo de estimaciones internacionales sobre el narcotráfico (UNODC) o de visiones anecdóticas respecto de lo que ocurre en nuestro propio país. Hoy en día la propuesta de la UDI para enviar a las Fuerzas Armadas a recorrer las poblaciones puede ser recibida con burlona indiferencia. Mañana puede ser muy distinto.

[1]Catalina Albert y Alberto Arellano, La arremetida sin control del narcotráfico en Chile Parte I, CIPER, 14/08/2018. https://ciperchile.cl/2018/08/16/la-arremetida-sin-control-del-narcotrafico-en-chile/

[2] Ibid.

[3] Labrín Sebastián, ºLos secretos que reveló COLINA 2¨, Reportajes La Tercera, 19 de Mayo de 2019, 14.

[4]Catalina Albert y Alberto Arellano, op. Cit.

[5] Vega, Fernando, Chile en la Ruta del Narco, Revista Capital , 14 de Marzo 2019, https://www.capital.cl/chile-en-la-ruta-del-narco/

6 Bergman, Marcelo (2018), More Money, More Crime. Prosperity and Rising Crime in Latin America, Oxford University Press.

[7]InsightCrime "Perfil de Chile", https://es.insightcrime.org/chile-crimen-organizado/perfil-de-chile/

[8]Frühling, H. &Corvalán, M.V (2017). Pacificação de bairrosvulneráveis: o caso do Barrio en Paz Residencial, no Chile” em Moreira, A; Barreto, A.; Chirio, M.; Mores L. (Editores) Pacificação: o que é e a quem se destina. Rio do Janeiro: Editora Alameda.

Columna publicada en La Mirada. El nuevo observatorio, el 30 de mayo de 2019.

Hugo Frühling es el Director del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.

Las opiniones vertidas en esta columna son de responsabilidad de su(s) autor(es) y no necesariamente representan al Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.

Martes 4 de junio de 2019

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