Con la participación de académicos e investigadores nacionales y extranjeros, este martes 18 de junio se desarrolló la mesa de discusión Incidencia en Políticas de Seguridad Ciudadana en América Latina, en el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.
La actividad fue parte del encuentro del Consorcio Universitario internacional del Programa Interamericano de Formación de Líderes para la Gestión en Seguridad Ciudadana y Justicia, financiado por el Banco Interamericano del Desarrollo (BID). El Consorcio es liderado por el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, y compuesto por el John Jay College of Criminal Justice de la Ciudad de Nueva York y la Facultad de Derecho de Santa María (Fadisma) de Brasil.
La mesa de trabajo contó con la participación de representantes del CESC, John Jay College y Fadisma, quienes presentaron los resultados del Programa, y un análisis de las políticas públicas de seguridad ciudadana de América Latina. Además, asistieron académicos e investigadores del Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile y el centro de estudios Espacio Público, y profesionales de la División de Reinserción del Ministerio de Justicia.
Alejandra Mohor, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana, explicó que uno de los desafíos identificados en el trabajo realizado en 2018 fue la implementación de políticas de transferencia de recursos "cuando tenemos aparatos públicos inmensamente burocráticos, con niveles de corrupción y lentitud de procesos. Sabemos que la demora es a veces de seis meses", planteó.
Luego se discutieron mecanismos de apoyo y de incidencia en esta materia, lecciones aprendidas y vías de trabajo colaborativo entre instituciones. El rol de las universidades y los centros de investigación en materia de seguridad fue uno de los temas abordados en la conversación. Eduardo Pazinato, académico de Fadisma, planteó algunos indicadores de violencia, abusos sexuales, discriminación racial y encarcelamiento en Brasil, que se asociarían a una alta desconfianza institucional.
"Hoy en Brasil hay más de 750.000 personas encarceladas y más de 400.000 sentencias de prisión no cumplidas. Un 40% de las personas que están presas no tienen una condena final. Todo esto tiene un impacto en la percepción de la seguridad. Las personas no confían en las instituciones. En este contexto, la academia tiene el desafío de construir una estrategia de comunicación que pueda incidir en la agenda", señaló.
Olga Espinoza, académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, contrastó las distintas capacidades de incidencia de la academia en los países de la región.
"Es fundamental que reconozcamos que América Latina es un conjunto de universos pequeños. Cada país tiene su desarrollo particular, donde la academia ha sido más o menos fuerte, y se cuestiona más o menos la evidencia. En algunos países, la academia no ha tenido el nivel de protagonismo que tiene en países como Chile y, en esos casos, las autoridades pueden darse el lujo de menospreciar el conocimiento técnico", advirtió.
Proyección de trabajo conjunto
El Consorcio Universitario se conformó en mayo de 2016 con el propósito de diseñar e implementar el Programa Interamericano de formación de Líderes para la Gestión en Seguridad Ciudadana y Justicia, en alianza estratégica con BID.
Este programa se desarrolló exitosamente en 2018. Su primera fase, de carácter virtual, se realizó entre junio y noviembre y tuvo más de 100 participantes de 15 países de la región. La fase presencial tuvo lugar en instalaciones del John Jay College en Nueva York, desde el lunes 10 al viernes 14 de diciembre del año pasado.
El objetivo de las instituciones que conforman el Consorcio es mantener un trabajo conjunto, ya finalizado el programa mencionado, e identificar nuevas oportunidades de colaboración académica. Por ello, en una segunda parte del encuentro de este 18 de junio, el Consorcio invitó a miembros del Cluster de Seguridad Ciudadana y Justicia de la División de Innovación para Servir al Ciudadano del BID a evaluar los principales aspectos del Programa y proyectar líneas de trabajo.
