Para estudiar el flujo migratorio intrarregional en la Alianza del Pacífico y determinar la capacidad de la institucionalidad chilena para abordar este fenómeno en su complejidad, la académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile Lorena Oyarzún realizó una investigación que derivó en un capítulo de libro. "Movement of People in the Pacific Alliance: the Chilean Case" es el título de su artículo dentro del libro Latin American Geopolitics: Migration, Cities and Globalization, editado por César Álvarez y José Hernández y publicado recientemente por la editorial Palgrave MacMillan.
Desde sus distintas realidades, los países miembros de la Alianza del Pacífico (formada por Chile, Colombia, México y Perú, y creada en 2012 como mecanismo de articulación económica y política) han debido adaptarse a los nuevos flujos migratorios de la región.
En el caso de Chile, la llegada de migrantes provenientes de países como Perú, Bolivia y Colombia, y más recientemente, de Venezuela y Haití, entre otros, desafía a la institucionalidad. Según un informe entregado esta semana por el Instituto Nacional de Estadísticas y el Departamento de Extranjería, se estima que la población migrante en Chile es de 1.251.225 personas, equivalente a un 6,6 por ciento del número de habitantes del país. El mismo estudio da cuenta de que en cuatro regiones de país la tasa de migrantes supera el diez por ciento de la población: Tarapacá (16,9 por ciento), Antofagasta (13,6), Arica y Parinacota (10,4) y Metropolitana (10,2).
De acuerdo al análisis de la profesora Oyarzún, este crecimiento en la migración hacia Chile –y a otros países de la región– se vincula con cambios globales de los últimos años, particularmente en los polos desarrollados: Estados Unidos, tras los atentados de 2001, restringió aún más los ingresos de extranjeros. En tanto, en Europa, la economía decayó tras la crisis de 2008. "Esa opción de migración ya no era tan interesante [para personas provenientes de América Latina], porque, en términos de costo del pasaje y de acceso, era más restrictivo que venir a países de la región. Por eso se posiciona Chile", explica.
Según lo que constata Lorena Oyarzún, el establecimiento de la Alianza del Pacífico y las políticas creadas en dicho marco han facilitado el movimiento intrarregional entre los países miembros: "Hay acuerdos de cooperación en términos consulares y migratorios. Se han eliminado varios requisitos, como las visas, el turismo se hace con cédula de identidad". La organización busca promover la integración regional, el libre comercio y los negocios.
Sin embargo, la académica destaca que hay mayores restricciones cuando se trata de migración de fuerza de trabajo."Se dan prerrogativas para los inversores, quienes vienen a estudiar con becas: se promueve ese tipo de migraciones, pero no para los migrantes de tipo económico, más vulnerable", explica.
"Hay un doble discurso de apertura: uno para el comercio y el capital, y otro para las personas y la inmigración", añade.
¿Cómo recibe Chile?
La ley migratoria en Chile data de 1975, época en la que nuestro país vivía un régimen autoritario. "La normativa de Chile no está pensada para ser país receptor de migrantes. Los gobiernos siempre, en el siglo XIX e inicios del XX, promovían que los sectores más extremos del país fueran poblados por migrantes, pero era un tipo de migración blanca, europea", indica la profesora Lorena Oyarzún. Por lo tanto, esta ley "no es eficiente para abordar la magnitud de la migración actual".
Según explica la académica, gran parte de la migración hacia Chile ocurre de manera irregular, lo que dificulta tanto el control como la garantía a los derechos de quienes llegan al país frente a la trata de personas, el tráfico de migrantes, abusos laborales y otras vulneraciones. "El enfoque de seguridad en la ley migratoria ha contribuido a aumentar los migrantes en situación irregular", apunta Oyarzún en su artículo.
Además, según explica en el texto, la enorme mayoría de los premisos de residencia están vinculados a motivos laborales. Allí, un requisito para obtener la visa es que el postulante mantenga un contrato con el mismo empleador por dos años. "Algunos empleadores toman ventaja de esta condición y explotan a trabajadores migrantes", denuncia en su artículo.
No obstante, la profesora da cuenta de que Chile ha implementado algunas medidas para respetar los tratados internacionales que ha firmado nuestro país, por ejemplo, respecto a las necesidades de mujeres embarazadas, y del acceso a la salud y la educación de los niños. "Eso se intentó resolver no exigiendo que los padres estuvieran de manera regular para inscribir a sus hijos en colegios", indica.
Del mismo modo, según explica la profesora Oyarzún, Chile es uno de los pocos países donde el inmigrante con permiso de residencia definitiva y con al menos cinco años viviendo en el país puede votar en las elecciones presidenciales.
La migración venezolana
La crisis de Venezuela hoy tensiona a la región. La espera de semanas de venezolanos en el paso fronterizo de Chacalluta, y las largas filas de ciudadanos de dicho país que por estos días están frente al consulado chileno en Tacna, Perú, dan cuenta de las dificultades que este flujo migratorio genera no sólo dentro de cada Estado, sino también entre ellos.
Al respecto, la profesora Oyarzún explica que no hay una respuesta regional articulada, pero que "se han identificado temas comunes". "Hasta ahora, [dentro de la Alianza del Pacífico], cada país ha estado tomando sus propias decisiones, pero en la parte política sí se han coordinado regionalmente en el Grupo de Lima", indica la académica. Esta última instancia, creada en 2017, incluye a gran parte de los países sudamericanos, a Canadá y México y algunos Estados de Centroamérica.
En junio, el Grupo de Lima reunido en Guatemala, emitió un comunicado donde llamó a los países que apoyan a Nicolás Maduro a "ser parte de la solución". A fines de julio, el Gobierno de Chile pidió incorporar a la declaración un llamado a "convocar a otros países a una mayor contribución para hacer frente al éxodo" de venezolanos.
Sin embargo, a juicio de Lorena Oyarzún, es difícil que el Grupo de Lima establezca acciones conjuntas más profundas, dada la diversidad de intereses de los países que lo componen. "Los países, en general, se muestran reacios a compartir responsabilidad en estos temas, aunque la evidencia demuestra que la migración nunca es sólo un tema nacional", indica la académica.
