Con académicos e investigadores de diversas universidades y centros de estudios, este miércoles 14 de agosto se desarrolló el taller Fuerzas Armadas y narcotráfico, organizado por el Área de Defensa y Relaciones Internacionales del Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la Universidad de Chile, y moderado por la profesora Mireya Dávila y el Subdirector Felipe Agüero.
El encuentro buscó analizar el Decreto 265 a través del cual el Gobierno establece la colaboración de las FF.AA. en combate al tráfico de drogas. Para ello, se analizó la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, el rol que la Constitución les otorga, su Ley Orgánica Constitucional y sus ordenanzas internas. Asimismo, se discutió acerca del citado decreto y sus posibles efectos, a la luz de la experiencia internacional.
El primer panel, dedicado a las caracterísiticas institucionales del rol de las FF.AA. en Chile, estuvo presentado por el Director del INAP, Hugo Frühling, quien expuso "Políticas de defensa: el rol de las FF.AA. según el ordenamiento institucional vigente". El académico explicó que la Constitución distingue entre las Fuerzas Armadas y las de Orden Público, y que las atribuciones policiales de los militares se señalan para casos precisos y excepcionales.
Asimismo, se mostró de acuerdo con la posición de la Contraloría respecto del decreto que sólo permite el apoyo circunstancial de las Fuerzas Armadas, pero en ningún caso las habilita para realizar tareas operativas en ese campo.
El Director del INAP también advirtió que cualquier entrega de funciones en materia de orden interno exigiría una ley o reformas constitucionales. "Es inadmisible que pudieran invocarse las hipótesis que permitirían la declaración de un estado de excepción para que los militares pudieran asumir el patrullaje preventivo en determinadas poblaciones", añadió.
Comentó su exposición María Cristina Escudero, académica del INAP, quien aseguró que el rol de las Fuerzas Armadas debe ser definido más claramente a nivel constitucional. También hizo comentarios Augusto Varas, presidente de la Fundación Equitas, quien coincidió con la profesora Escudero y planteó la necesidad de revisar el concepto de seguridad nacional contenido en el rol constitucional de las Fuerzas Armadas, pues "es impreciso y extiende su rol sin control hacia ámbitos no profesionales".
En el segundo panel se abordaron directamente las consecuencias de la medida anunciada por el Gobierno. La académica de la Universidad de Santiago, Lucía Dammert, presentó "Las funciones de la Defensa y los potenciales efectos del Decreto 265 en las FFAA. Evidencia comparada", donde presentó elementos negativos en cuatro ámbitos: el uso de armas letales en el orden público, la falta de entrenamiento apropiado de los militares, los efectos de la acción de éstos sobre las organizaciones policiales y la falta de rendición de cuentas respecto de su actuar.
Al comentar su presentación, Claudio Fuentes, profesor de la Universidad Diego Portales, postuló que esta decisión del gobierno es parte de una política para incorporar a las FF.AA. en tareas domésticas tal como se ha venido haciendo en materia de incendios y salubridad. Luego, Eduardo Vergara, Director Ejecutivo de la Fundación Chile 21, abordó la necesidad de una mejor relación entre el mundo político, por un lado, y la academia y los expertos, por otro, para el desarrollo de políticas públicas en materia de seguridad y defensa.
