El año 2018 comenzó la puesta en marcha de un Sistema de Educación Pública, lo que significa la transición gradual de miles de establecimientos educacionales municipales a 70 nuevos Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), con foco puesto exclusivamente en el servicio educativo y la mejora de su calidad. Sin duda, es esta una de las transformaciones más importantes que se han hecho en el país en materia educacional.
En este camino de implementación, en el 2018 se crearon cuatro de esos nuevos servicios públicos –Puerto Cordillera, Barrancas, Huasco y Costa Araucanía, abarcando 14 comunas–; y entre este año y 2022 se sumarán otros 23 SLEP. Para el año 2025 se debería completar la creación de los 70 SLEP, los que apuntan a una nueva institucionalidad, moderna, especializada, eficiente y con identidad territorial.
Desde mi rol como director de este proceso durante su primer año siempre manifesté, en las más de 50 reuniones sostenidas con las autoridades del Ministerio de Educación, que esta era una tarea de enormes proporciones que debía ser enfrentada con responsabilidad y visión de Estado. Por ello, durante mi ejercicio, desde la Dirección de Educación Pública evaluamos y modificamos procedimientos constantemente para superar las dificultades propias de un proceso inédito que estaba comenzando su marcha.
Durante mi mandato estuve informado de la realización de auditorías por parte del Ministerio de Educación al proceso de implementación de la Nueva Educación Pública, iniciativa que valoré porque permitiría poner la mirada en las eventuales mejoras en las que debía trabajar el nuevo Sistema. No obstante, recién el pasado 18 de agosto me informé por la prensa de los resultados parciales de dichas auditorías.
Lamentablemente este tipo de difusión fue tierra fértil para el cuestionamiento político de la implementación de la ley promulgada por la Presidenta Michelle Bachelet, evadiendo, de esta manera, el debate con altura de miras requerido para avanzar en las futuras acciones a emprender para fortalecer a la Nueva Educación Pública.
Este lunes 2 de septiembre, al ser citado por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, presenté en la sesión y expliqué públicamente, punto por punto, las observaciones de las auditorías vinculadas con la Dirección de Educación Pública durante el período en que este servicio estuvo a mi cargo. Todas las acciones llevadas a cabo se apegaron a la normativa establecida y tuvieron a la vista siempre la correcta provisión del servicio educativo.
En vista de lo anterior, invito a las autoridades en ejercicio a sincerar el debate instalado en torno a la Nueva Educación Pública. Desde mi perspectiva, el foco debe estar puesto en cómo se enfrentan rápidamente los nudos críticos del proceso de tránsito, para así poder concentrar todas las energías en la mirada sistémica de cómo mejoramos la calidad de las escuelas y liceos públicos a lo largo del país.
Estoy convencido de que el camino correcto es actuar como sistema y no aisladamente por establecimiento educacional; encarar la tarea no solo en el aula, sino definiendo las condiciones mínimas para el aprendizaje, respetar el acuerdo país alcanzado y actuar con la convicción de que es una política de Estado, más allá de los avatares de la política cotidiana.
Columna publicada en El Mostrador el 10 de septiembre de 2019.
Rodrigo Egaña Baraona es profesor adjunto del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.
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