Por Claudia Heiss

Nuevo calendario del proceso constituyente

Nuevo calendario del proceso constituyente

La aprobación de un nuevo calendario electoral para el proceso constituyente es una buena señal. A partir de esta reforma, el plebiscito pronosticado para abril se retrasa seis meses y tendrá lugar el 25 de octubre. De ganar la opción “Apruebo”, las elecciones de integrantes de la convención se llevarán a cabo en abril de 2021, junto con la elección municipal.

El 25 de octubre de 2020, entonces, se consultará a la ciudadanía si aprueba o rechaza elaborar una nueva Constitución, y si prefiere hacerlo a través de una convención constitucional mixta (mitad de parlamentarias y parlamentarios en ejercicio, y mitad electa) o una convención constitucional completamente electa. Si se elige esta última, tendríamos una Constitución hecha en forma paritaria por representantes hombres y mujeres.

A pesar de las escaramuzas de último momento por parte de sectores de la derecha, el Congreso logró aprobar esta reforma constitucional que requería los 2/3 de las y los parlamentarios, el quórum más alto de nuestro sistema legislativo. De los tres temas asumidos por casi todos los sectores políticos como esenciales para la legitimidad de una nueva Carta Fundamental: paridad de género, participación de independientes en la convención y escaños reservados para pueblos indígenas; queda aún pendiente regular este último.

La prioridad de nuestra comunidad política hoy es enfrentar la pandemia y proteger la vida de las personas. Sin embargo, ello no debe generar dudas de que el proceso político continuará su curso por los cauces democráticos. Frente a la amenaza del coronavirus que ha paralizado a parte importante del planeta, postergar el proceso constituyente era una decisión necesaria. Es deber de las autoridades políticas garantizar que esta emergencia sanitaria no sea utilizada para sacar réditos políticos por parte de ningún sector.

La ciudadanía ha reaccionado en forma responsable, postergando la movilización social que originó el proceso constituyente en nombre de un bien superior: proteger la salud de la comunidad y en especial de las personas de la tercera edad, enfermos crónicos y quienes no tienen recursos para pagar por atención privada en caso de necesitar cuidados intensivos. Esto no significa que las demandas que motivaron el estallido de octubre hayan desaparecido.

Si algo deja en evidencia esta pandemia es la desigualdad y desprotección que imperan en Chile. Mientras unos pueden estar seguros de que tendrán acceso a respiradores artificiales y a su subsistencia material mientras dura la emergencia, otros ven peligrar su vida y el sustento de sus familias. Es contra esa desprotección, hoy más visible que nunca, que se movilizó Chile en octubre del 2019, y es en nombre de las conquistas políticas de la ciudadanía que las autoridades deben hoy garantizar la continuidad del proceso constituyente.

Por Claudia Heiss, jefa de la carrera de Ciencia Política del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.

Columna publicada en La Tercera el 25 de marzo de 2020.

Las opiniones vertidas en esta columna son de responsabilidad de su(s) autor(es) y no necesariamente representan al Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.