En los últimos días ha recobrado fuerza el debate en torno a la necesidad de hacer modificaciones al interior de Carabineros de Chile. El pasado jueves 1 de octubre, fue aprobado en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que busca modernizar la gestión institucional y fortalecer la probidad y transparencia en las fuerzas de orden y seguridad. La iniciativa pasó al Senado a tercer trámite.
En paralelo, se suma que en unos pocos días más se cumplirá un año del estallido social, que puso en discusión el uso de la fuerza desmedida y abuso de poder por parte de la policía en el control del orden público en medio de las manifestaciones y protestas. La institución fue duramente criticada por el excesivo uso de la fuerza en contra de manifestantes.
En este contexto, es que académicos que integran el Grupo de Investigación en Seguridad Ciudadana y Justicia del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile analizaron los factores que se han traducido en una baja sistemática de los niveles de confianza y aprobación ciudadana en la institución, y entregan recomendaciones para una efectiva reforma a Carabineros.
En el documento se plantea que la reforma a Carabineros de Chile ha adquirido urgencia a partir de hechos específicos, pero va a la par con una baja sistemática de los niveles de confianza y aprobación ciudadana en la institución, provocando la crisis más grande de su historia. Hace mención a las prácticas de corrupción, cuando en 2016 se procedió al procesamiento de más de 128 funcionarios, por delitos de lavado de activos, asociación ilícita y malversación de caudales públicos por más de 32,5 millones de dólares y, en segundo lugar, a la violación de derechos humanos, gatillados en el estallido social de octubre de 2019.
Para el autor del informe e investigador del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana del Instituto de Asuntos Públicos de la U. de Chile, Adolfo González, ambos hechos, son expresiones de la crisis y "se pueden explicar a partir de la autonomía de la institución respecto del poder civil, sumado la ausencia de mecanismos de control externos e internos. Y, la violación sistemática de derechos humanos se puede entender por una concepción a la base institucional que muestra a una institución que no se ha adecuado a las exigencias de una sociedad democrática".
El director del INAP, Hugo Frühling, explica que en general las crisis institucionales "tienen una larga trayectoria, pero que se manifiestan en un momento determinado. Y, así es como logramos enterarnos respecto del fraude en Carabineros, o situaciones de corrupción, manipulación de pruebas, también los eventos y la coyuntura del 18 de octubre que nos plantearon una manera de controlar el orden público que fue desmedida y muy criticada".
Recomendaciones para una reforma efectiva
A través de un documento de 12 páginas, en el que lidera el académico Adolfo González, junto a los docentes, Olga Espinoza, Hugo Frühling, Diego Piñol y Rodrigo Salas, proponen tres áreas de para desarrollar una reforma efectiva a la institución:
a) En el ámbito del sistema de seguridad y su institucionalidad
- Redefinir el rol y función policial desde la Constitución: Se plantea la necesidad de que la nueva Constitución establezca con claridad los diferentes roles que corresponde a las Fuerzas Armadas y a las policías. "Sólo en situaciones excepcionales se podría justificar que las Fuerzas Armadas tengan funciones de resguardo del orden público", señala el informe.
- Restaurar sentido de propuesta de especialización policial: Proponen realizar un diagnóstico acabado sobre las "funciones prioritarias" de Carabineros y de la PDI, junto a una propuesta técnica de especialización policial, con reorganización de las funciones actualmente desempeñadas en ambas instituciones.
- Crear un Ministerio de Seguridad Pública: En el informe se plantea que para que "la reforma sea efectiva y técnicamente coherente debe implicar que el nuevo ministerio asuma todas las responsabilidades para supervigilar y direccionar a las policías, incluyendo las funciones de orden público, que históricamente han estado radicadas en la figura del Ministro del Interior y sus representaciones regionales y provinciales (Intendentes y Gobernadores)".
- Vincular la reforma al proceso de descentralización del Estado: Se recomienda que acorde a la instalación de Gobernaciones Regionales, quien debería tener autoridad respecto a las policías. De no ser así, consideran que "dificultaría que éstas rindan cuentas a la población que protegen. El Gobernador Regional debe conocer y tener incidencia respecto de la distribución territorial de la policía y en temas de orden público".
b) En el ámbito específico de Carabineros
- Revisar la normativa y reglamentación de Carabineros: Se plantea que es necesario que la ley, la doctrina institucional, así como la reglamentación pertinente, redefinan las características de Carabineros como una institución al servicio de los ciudadanos. Además, realizar modificaciones de los currículos de formación, y perfiles de egreso que privilegien la disposición al servicio a la ciudadanía y la protección de los derechos humanos.
- Regular por ley los procedimientos de orden público: Avanzar hacia un marco jurídico que sea concordante con la protección de las garantías personales, adecuar los protocolos de actuación policial a las normas internacionales, con participación activa del Instituto Nacional de Derechos humanos y otras instituciones del Estado.
- Avanzar hacia el escalafón único de Carabineros: Es necesario estudiar el avance progresivo hacia un escalafón único que promueva el talento y la capacidad. El Estado debe garantizar mecanismos de evaluación y estímulos que permitan a cualquier funcionario perfeccionarse y ascender en la carrera institucional.
c) A nivel procedimental
- Fijar cronograma y procedimientos: en el documento se señala que, si bien el Ejecutivo ha recibido una batería importante de propuestas técnicas, falta saber cuáles serán patrocinadas y traducidas en proyectos de ley y/o actos administrativos concretos. Agregan que, "en ausencia de una hoja de ruta definida y conocida, el Gobierno avanzará con iniciativas parciales, de menor relevancia para un cambio que debería entenderse como sistémico".
Para el autor del informe, Adolfo González, "se hace prioritario y urgente debatir sobre la institución. ¿Qué policía necesitamos?, ¿cómo deben ser estas policías? Y, la forma en cómo está concebida la institución y sus funciones. ¿Nos sirven a la sociedad chilena? Y ante esto, lo que uno descubre es que en realidad esa dimensión de la discusión fue postergada por las comisiones y no ha sido suficientemente revelada".
Necesidad urgente de cambios en procedimientos
El académico Adolfo González, sostiene que hechos como los ocurridos el viernes recién pasado, que están siendo investigados por la fiscalía, donde un joven cayó al Río Mapocho tras el accionar de uno de los funcionarios de Fuerzas Especiales, "es un claro ejemplo justamente de lo que pasa con Carabineros. Desde hace un tiempo ha terminado al servicio de una política de seguridad represiva, al servicio de una función política, que en todo caso le es funcional en términos de cómo ha sido concebidas su función desde la Constitución misma".
Asimismo, la académica Olga Espinoza considera que en el último tiempo "ha quedado de manifiesto que la reforma de Carabineros es una urgencia". Y, señala que, "se habla de una refundación, pero lo cierto es que desde hace ya varios años se viene dialogando y analizando sobre la necesidad de generar modificaciones sustantivas al accionar de este cuerpo que termina siendo trascendental para el funcionamiento de nuestra sociedad".
