Para reflexionar en torno a la participación social en la gestión pública se realizó el 16 de diciembre la novena sesión del ciclo INAP-ANEF Estado y Gobierno: Reflexiones conjuntas para su transformación.
En esta ocasión, expusieron Francisco Estévez, Director Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Gonzalo Delamaza, Investigador Adjunto del COES, y Sandra Marín, Presidenta de la ANEF La Araucanía.
Francisco Estévez afirmó que la gestión pública del siglo XXI debe incorporar participación y "no sólo involucrarse con las personas como individuos sino también avanzar en el campo de los derechos colectivos".
"Los actores en el poder suelen sentirse amenazados por el empoderamieno ciudadano y por eso las élites del poder buscan establecer la participación ciudadana de manera subordinada" advirtió el director del Museo de la Memoria.
Otro elemento que, a su juicio, dificulta la participación ciudadana es "la burocracia del Estado". "La sobrecarga de procedimientos, los hábitos, la ausencia de una formación política democrática afectan la participación", indicó.
Luego, el profesor Gonzalo Delamaza hizo una revisión histórica y legal de la actual situación de la participación ciudadana en Chile.
"En dictadura no se hablaba de participación ciudadana porque había que volver a la democracia y cambiar el modelo económico. El modelo económico casi no cambió y la democracia volvió, pero no incluyó participación ciudadana, porque había que cuidar el consenso entre las fuerzas que apoyaban a la dictadura y las fuerzas que constituían al nuevo gobierno", señaló.
Según Delamaza, la actual ley de Municipalidades pone "muchas dificultades" para hacer plebiscitos. "Al final los alcaldes prefieren hacer consultas, que no obligan a nada", indicó. También cuestionó elementos de la ley 20.500 y sus mecanismos, como los consejos de la sociedad civil (cosoc). "Esta ley tiene un conjunto de mecanismos fundamentalmente instrumental, que ayudan a que la participación pública salga mejor, pero los cosoc son consultivos, informativos, no deliberativos. No tienen componente de fomento a la asociatividad", explicó.
"Se requiere el reconocimiento del rol público de la sociedad civil organizada en el diseño y el control de la política pública", aseguró.
Por último, Sandra Marín, presidenta de la ANEF Araucanía abordó los procesos de participación de los pueblos originarios, de acuerdo a lo establecido, por ejemplo, en el convenio 169 de la OIT.
"La consulta a pueblos originarios ha sido muy mutilada y no ha sido implementada con el sentido del convenio 169. Las voluntades políticas en este país lamentablemente no son para todos. Hay grade diferencia ente los que somos pueblo y los que son empresarios", afirmó.
En ese sentido, también cuestionó la forma en que se establecieron los escaños reservados para pueblos indígenas en la convención constitucional.
"La definición de los escaños reservados debió planificarse con un proceso de consulta indígena a todos los pueblos originarios de este país. No hubo participación en esta definición. Es lamentable que estos procesos participativos que todos queremos que sean exitosos no incluyan estos elementos", aseguró.
El video del seminario está disponible aquí.
