¿Cuál ha sido el impacto y cómo se ha enfrentado la pandemia actual, en las prácticas de libertad vigilada, considerando la gran cantidad de personas cumpliendo una medida de medio libre en el sistema penitenciario actual?
Para contestar esta inquietud el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile realizó un estudio de caracterización cuantitativa de las condiciones y prácticas de supervisión utilizadas como penas sustitutivas de libertad vigilada y libertad vigilada intensiva, en el contexto de la pandemia de Coronavirus a Chile (marzo del año 2020). El objetivo de la investigación fue identificar nudos críticos a partir de este nuevo y complejo contexto de operación, y generar recomendaciones de política pública para mejorar la labor desarrollada por la administración penitenciaria nacional.
El estudio estuvo a cargo del investigador del CESC Mauricio Sánchez y contó con la estrecha colaboración del Departamento Sistema Abierto de Gendarmería de Chile y del John Jay College of Criminal Justice of the City University of New York (CUNY). La investigación buscó replicar el estudio "Exploring the Impact of COVID-19 on Probation and Parole Practices", desarrollado por esta última institución.
Además de caracterizar y visibilizar el trabajo que desarrollan los/as delegados/as de libertad vigilada, libertad vigilada deadulto y libertad vigilada intensiva en Chile, la investigación permite conocer cómo las prácticas de gestión de sanciones comunitarias han sido impactadas por la pandemia de COVID-19. Esto ha permitido recopilar información para ser usada en un estudio comparativo respecto a tres países: Estados Unidos (Estado de Nueva York), Tailandia y Chile.
La principal técnica de recolección de información correspondió al desarrollo y aplicación de una encuesta electrónica, dirigida especialmente a la población de funcionarios/as de Gendarmería de Chile que se desempeñan como delegados/as de libertad vigilada y/o libertad vigilada intensiva, a través de 41 Centros de Reinserción Social (CRS) distribuidos a nivel nacional, durante octubre del año 2020.
Prontamente se presentarán los resultados con el fin de aportar recomendaciones concretas al funcionamiento del sistema de penas sustitutivas, y generar orientaciones y recomendaciones que sean útiles al sistema penitenciario.
